Ola de descontento social en Colombia amenaza extenderse por América Latina

Michael Stott

Un error de un gobierno fuera de contacto con la población desencadena grandes protestas callejeras. La violencia se dispara en medio de una respuesta policial de mano dura. El gobierno retrocede, pero las protestas continúan a pesar de todo. Motivadas por agravios de larga data, las demandas de los manifestantes se amplían para abarcar cambios sociales y políticos radicales.

Colombia este mes luce increíblemente similar a Chile en 2019, cuando una ola de protestas callejeras provocadas por un pequeño aumento en el precio de los boletos del metro de Santiago se convirtió en un movimiento de masas que casi derrocó al multimillonario presidente conservador Sebastián Piñera.

En Bogotá, la gota que colmó el vaso fue una reforma fiscal del gobierno, presentada el mes pasado. El principio general parecía sólido: tapar un agujero presupuestario y recaudar dinero extra para los pagos de asistencia social aumentando los impuestos, sobre todo para las personas y empresas más acomodadas.

Pero “el diablo estaba en los detalles”: imponer IVA por primera vez a los funerales y cremaciones en un país donde más de 78 mil personas han muerto de coronavirus y aplicar impuestos al suministro de agua en los hogares de clase media baja, pero manteniendo una tasa cero para las armas y el agua mineral.

Al sufrir una profunda recesión provocada por la pandemia en el que ya era uno de los países más desiguales del mundo, muchos colombianos decidieron que la “Ley de Solidaridad Sostenible” del presidente Iván Duque era todo lo contrario.

María Margarita Zuleta, directora de la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá, dijo que la frustración de los jóvenes por las limitadas oportunidades se había combinado con el cansancio y la ira generalizados frente a uno de los encierros por cuarentena más largos del mundo para crear una atmósfera altamente combustible, en la que el gobierno había lanzado su reforma fiscal.

"El gobierno no lo explicó bien", dijo. “Había una visión bastante arrogante, típica de los economistas colombianos clásicos, de que ellos sabían mejor que los demás cómo había que hacer las cosas. Las dificultades del momento exigían una comunicación mucho más cuidadosa”.

El momento elegido por el gobierno fue desafortunado, y tampoco ayudaron los bajos índices de aprobación de Duque, pero tenía pocas opciones. Estaba bajo presión de las agencias de calificación para actuar ahora o enfrentar una rebaja en su calificación de deuda a basura, lo que aumentaría aún más el costo de pedir prestado para llenar los agujeros en su presupuesto creados por el coronavirus.

Cuadro generalizado

Muchos otros países de América Latina podrían enfrentar una perspectiva similar.

“Colombia comparte algunos de los factores que alimentaron las protestas en otros países de la región, incluidas las crecientes demandas de más gasto social, restricciones fiscales y dificultades para llevar a cabo reformas duras”, dijo María Luisa Puig, quien sigue a las naciones andinas para el grupo Eurasia.

Arrasada por su peor recesión en un siglo, América Latina no tiene ni la capacidad del mundo rico para generar deuda barata para financiar enormes déficits ni el acceso de las naciones más pobres a programas de condonación de deuda.

Como resultado, los gobiernos de la región se ven obligados a recortar el gasto o aumentar los impuestos cuando sus economías aún se están recuperando del daño infligido por la pandemia, que afectó a América Latina con más fuerza que en cualquier otro lugar.

En Ecuador, el recién electo presidente Guillermo Lasso ha heredado una crisis fiscal mucho peor que la de Colombia. Su predecesor legó planes para recortar el gasto y aumentar los impuestos, pero el plan era tan radical que muchos lo consideraron inalcanzable.

Lasso ya descartó aumentos de impuestos, pero aún enfrenta la desafiante tarea de persuadir a un congreso controlado por la oposición y a una población enojada para que acepte las estrictas restricciones al gasto.

En Brasil, una de las mayores deudas del mundo en desarrollo impide que el gobierno repita la generosa ayuda de emergencia aprobada el año pasado, a pesar de que la economía se está recuperando lentamente.

En toda la región, los ánimos se están desgastando a medida que pasan a primer plano los antiguos reclamos sobre gobiernos desconectados, corruptos e incompetentes.

La profecía de hace varios años de Maurice Armitage, exalcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, podría aplicarse ahora a gran parte de América Latina: “En los próximos años Colombia atravesará una convulsión social que si no estamos preparados… verá este país irse al infierno”, dijo. “Sabemos muy bien cómo matarnos unos a otros… pero lo que no entendemos es cómo distribuir los ingresos”.